Según estadísticas oficiales, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte en el segmento de 15 a 34 años. Al mismo tiempo, el Estado desfinanció como nunca las políticas de prevención y de salud mental.

Por Inés González | Fotografía: ARCHIVO Leonardo Rendo

Fuente: ANCOMM

El 7 de septiembre, el silencio de la Legislatura porteña se rompió con una frase que expuso el núcleo de una crisis silenciosa: “La historia de Camila no comienza con su desenlace; comienza cuando una persona deja de ser tratada como persona y pasa a ser exclusivamente una deuda”. Érica relataba cómo la violencia financiera de las agencias de cobranza funcionó como el detonante final que empujó al suicidio a su única hermana.

El desencadenante fue un mensaje de WhatsApp de un supuesto estudio jurídico que amenazaba con embargar a su padre. La madre, asustada, se lo reenvió a Camila. Una hora después, la joven se quitó la vida. La maquinaria del cobro, sin embargo, no se detuvo con la muerte: días después del entierro, las financieras seguían dejando avisos en la casa familiar y hasta amenazaron a Érica con quitarle la asignación que percibe por su hijo con discapacidad.

La historia expone la fragilidad de quienes quedan fuera del radar mientras el Gobierno celebra el superávit fiscal. Para Martín De Lellis, profesor titular de Salud Pública y Salud Mental en la Universidad de Buenos Aires (UBA), este fenómeno responde a una asfixia económica que actúa directamente sobre la psiquis colectiva: “El grave endeudamiento personal y familiar es una realidad ominosa que acorrala a las personas en situaciones de absoluta desesperación. Frente a una asfixia financiera sin redes públicas de contención, la autoaniquilación empieza a aparecer trágicamente como la única salida frente a vidas desintegradas”. Bajo ese diagnóstico, las cifras oficiales adquieren una dimensión humana: según los últimos registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y el informe elaborado por el Observatorio de Política Criminal (OPC), el país alcanzó en 2025 una tasa récord de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes. Es un salto del 57,7% respecto a 2017.

La proporción del desastre es insoslayable: hoy, una persona muere por suicidio cada dos horas, cuadruplicando la tasa nacional de homicidios dolosos. Si bien el suicidio es un fenómeno profundamente complejo y multifactorial, los especialistas advierten que la asfixia financiera opera como un factor crítico. En ese abismo, la motosierra oficial desmanteló los presupuestos de salud mental, eliminando la última barrera de contención pública para quienes no tienen cómo sostenerse.

Para desentrañar la trama detrás de estos números y entender la anatomía de esta crisis sanitaria, tres referentes del ámbito jurídico, criminal y de la salud pública reconstruyen para esta investigación el impacto del ajuste y el repliegue del Estado.

Mutilar la contención

La narrativa de consolidación fiscal y superávit primario del Gobierno muestra su mayor nivel de vulnerabilidad al auditar el destino de las partidas sociales. Lejos de tratarse de una optimización de recursos, las planillas oficiales revelan una retirada sostenida del Estado en áreas críticas de contención. Según registros de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto devengado real en la función Salud dentro de los Servicios Sociales registró una caída interanual del 12% durante los primeros siete meses de 2026.

Esta contracción del gasto adquiere un tono crítico al analizar los programas destinados a los sectores más postergados. La asistencia médica para beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) experimentó un recorte real del 54,1%, acumulando una ejecución de apenas un cuarto de su crédito presupuestario vigente en lo que va del año.

El repliegue entra en conflicto directo con las obligaciones legales del país. Según el informe técnico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), «Inversión en salud mental: sin recursos para cumplir la ley», aunque la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657) establece que el Estado debe destinar al menos el 10% del gasto total en Salud a esta área, la inversión real proyectada ronda apenas el 1,42%. Eduardo Quiroga, abogado del programa de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ y exintegrante del Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental, detalla que la pauta del 10% nunca se cumplió históricamente y que los techos presupuestarios jamás alcanzaron el 3%.

La distorsión se profundiza en la distribución interna de los recursos: la casi totalidad de los fondos específicos se concentra en la SEDRONAR

(53,6%) y en el sostenimiento de los hospitales psiquiátricos monovalentes (46,4%). Esto margina a la «Promoción y Prevención Comunitaria» a un 0,04% del total. En el territorio, la proporción es crítica: de cada 10.000 pesos que el Estado destina a salud mental, solo 4 pesos llegan a los barrios para tareas de prevención.

En paralelo, la partida de «Apoyo y Promoción de la Salud Mental» del Ministerio de Salud —el único crédito destinado a la intervención en grupos de riesgo y al cumplimiento de la Ley de Prevención del Suicidio (N° 27.130)— sufrió una poda del 91,6% en términos reales respecto a ejercicios anteriores, quedando reducida a una asignación de 48 millones de pesos.

Para Ariel Larroudé, director del Observatorio de Política Criminal (OPC), el cruce entre el ajuste fiscal y la crisis sanitaria es inobjetable: “Que haya un pico de suicidios en este contexto de baja presupuestaria no es algo inocente; es la consecuencia de una decisión política de achicar el Estado. Proyectar un presupuesto de 48 millones de pesos para prevención es destinar unos 30.000 dólares: el equivalente al sueldo mensual de un futbolista”.

La asfixia invisible

El retiro de los recursos sanitarios coincide con un marcado deterioro en el mercado de trabajo. Cifras de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC ubican la informalidad laboral en un 45% general, una cifra que escala al 58,4% entre los jóvenes de 14 a 29 años. En esa misma franja etaria (15 a 34 años), el suicidio desplazó a los siniestros viales como la principal causa de muerte en el país.

Si bien el suicidio es un fenómeno complejo y multifactorial, los especialistas advierten que la precariedad económica y la pérdida de empleo operan como estresores severos que impactan en la psiquis colectiva. “El bienestar poblacional no es ajeno al contexto socioeconómico. La precariedad laboral y la violencia cotidiana influyen de manera directa en la salud mental, las políticas de salud mental no son únicamente sanitarias: requieren inversión en vivienda, trabajo y educación. Si el Estado desfinancia, las respuestas simplemente desaparecen”, explica Quiroga desde ACIJ.

Esta perspectiva sociosanitaria contrasta con la narrativa oficial, centrada en individualizar las crisis socioeconómicas. El propio presidente Javier Milei sintetizó esa postura al señalar públicamente que quien decide quitarse la vida lo hace bajo su propia responsabilidad, afirmando: «si vos te querés suicidar hacelo, pero no pidas que otro pague la cuenta». Larroudé (OPC), identifica un cambio de patrón en la criminalidad y la mortalidad del país. «Mientras los homicidios dolosos cayeron a 3,6 cada 100.000 habitantes, los suicidios aumentaron en forma inversamente proporcional», señala Larroudé, quien define el fenómeno como una transmutación de la violencia letal: el desplazamiento de la violencia interpersonal hacia la violencia autoinfligida. Desde su análisis, la baja en las tasas de homicidios pierde valor relativo si la población recurre al suicidio acorralada por la angustia económica y la ausencia de redes públicas.

Para De Lellis, esta dinámica refleja un fenómeno aún más profundo: “Si la tendencia confirma una caída en los homicidios y un salto en los suicidios, estamos ante un proceso de implosión social”. Según el académico, cuando la violencia deja de expresarse hacia el exterior y se vuelca contra el propio individuo, la autoaniquilación se convierte en una vía de escape frente a la ausencia de referentes, de protección pública y de futuro.

Clausurar la protección

El quiebre de los sistemas formales de atención traslada la carga del cuidado a las familias y comunidades, desprovistas de herramientas técnicas para abordar crisis agudas.

De Lellis, advierte que la vulnerabilidad es un proceso activo directamente ligado a las crisis macroeconómicas. “Cuando el Estado desinvierte, los recursos pasan a ser puramente reactivos ante la emergencia”, explica De Lellis. “Se pierde la detección temprana territorial, la prevención en las escuelas y las redes comunitarias. El Estado debe funcionar como la última puerta de protección; si esa puerta se cierra, las personas quedan desamparadas”.

A la asfixia presupuestaria se suma la dimensión normativa. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma a la Ley de Salud Mental que diversos especialistas consideran regresivo, al reintroducir el modelo asilar y la internación involuntaria como ejes del sistema en lugar de la atención comunitaria.

Frente a este escenario, ACIJ y otras organizaciones de la sociedad civil expusieron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto pasado. Denunciaron el incumplimiento del principio de no regresividad por parte del Estado argentino y solicitaron un dictamen técnico sobre la incompatibilidad de estas medidas con los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Blindar el ajuste

El desmantelamiento de estas partidas viene acompañado de un blindaje institucional sobre los datos del ajuste. Al solicitar una entrevista técnica con la OPC para analizar la metodología detrás de estas podas, el organismo rechazó el pedido argumentando una “revisión y adecuación de circuitos internos”. El dato revelador figuraba en los destinatarios del correo: la respuesta incluyó en copia al diputado Alberto Benegas Lynch y al senador Agustín Monteverde, ambos de La Libertad Avanza e integrantes de la Comisión de Presupuesto. A fines de agosto, días antes de que el Ejecutivo enviara el proyecto de Presupuesto 2027, el entonces director de la OPC, Gabriel Esterelles, presentó su renuncia tras marcadas diferencias con esos mismos legisladores.

Además, para este artículo se solicitó formalmente al Ministerio de Salud de la Nación —mediante el expediente EX-2026-88981224 APN-DNPAIP#AAIP bajo la Ley de Acceso a la Información Pública— el desglose detallado de las reasignaciones en prevención. Respecto a la solicitud de información sobre reasignaciones, refuerzos presupuestarios o partidas específicas destinadas al fortalecimiento de dispositivos comunitarios de atención de la salud mental y líneas telefónicas de atención en crisis en el ámbito nacional, la cartera conducida por Mario Lugones ha respondido: “Atento a lo solicitado, y de acuerdo a la especificidad del tema requerido, informamos que de los registros que surgen del sistema informático e-SIDIF que se gestiona de acuerdo a los permisos asignados no se cuenta con dicha información”.

El déficit vital

Al cruzar los números de la ejecución fiscal con el deterioro del mercado de trabajo, el diagnóstico no deja margen para la especulación. En un escenario de salarios reales pisados, informalidad en alza y una asfixia financiera, el retiro de las partidas de salud mental traslada el costo directo de la meta fiscal a la trama social.

Para Quiroga, abogado de ACIJ, la pauta presupuestaria expone sin eufemismos el orden de prioridades oficial: “La forma en que el Estado invierte sus recursos refleja cuáles son las prioridades reales de la política pública. Cuando hay un desfinanciamiento sostenido y una falta de respuestas comunitarias, lo que se construye es un Estado menos preparado para responder a una sociedad en crisis. Si se desfinancian las políticas, las respuestas simplemente desaparecen”.

En el territorio, ese vaciamiento destruye los dispositivos locales de primera escucha. Como advierte De Lellis, la salud requiere de una institución que contenga en la cercanía: “Hoy las personas están con necesidades de mucha urgencia y no encuentran acceso ni una red preparada para contener. Frente a eso, no hay política pública que se exprese por fuera de las instituciones en los territorios: si el Estado se retira, destruye esa última puerta de entrada y la crisis se vuelve letal”.

Ese proceso de desgaste silencioso encuentra un marco de lectura en la teoría política. Larroudé recupera la categoría formulada por Eugenio Zaffaroni para definir las consecuencias de las políticas de desmantelamiento: “No se trata de un plan forzado, sistemático y rápido de exterminio, sino de decisiones políticas que llevan a un “genocidio por goteo”; es decir, que la gente se vaya muriendo o desapareciendo de a poco por distintas vías. El suicidio en este contexto de abandono es también eso”.

Mientras el Ministerio de Economía exhibe con orgullo el superávit primario, la estadística vital devuelve el saldo real de la ecuación contable: una silenciosa, evitable y dramática pérdida de vidas a lo largo del país. El debate, sin embargo, promete trasladarse al ámbito legislativo. Desde ACIJ, Quiroga anticipa que el objetivo es advertir a los legisladores antes del debate en comisiones de la Ley de Presupuesto 2027 sobre el desfinanciamiento sostenido de la Ley de Salud Mental.