El proyecto no resuelve la caída de la actividad económica ni el cierre de empresas.
El proyecto de reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) no agrega ningún tipo de beneficio a los trabajadores. Apunta, más bien, a destruir derechos adquiridos ya consagrados en la legislación vigente. Tampoco se encuentra dirigido a reactivar la industria, la producción o la economía en general.
En un contexto donde se excluyen a las mayorías y prolifera la apertura indiscriminada de importaciones, los negocios financieros y la extranjerización y exportación de recursos naturales, la propuesta sólo ofrece la posibilidad de efectuar despidos a bajo costo.
Aspectos centrales del proyecto de ley de reforma laboral:
- Reemplazo de las indemnizaciones laborales: Se propone el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuyo financiamiento surge de aportes patronales y de los propios trabajadores, recursos que hoy se destinan a la ANSES para el pago de jubilaciones, entre otras prestaciones.
- Reducción salarial por licencias: Recorte del salario en un 25% y 50% en caso de licencias por enfermedad (variando según el estado civil del trabajador).
- Flexibilización de la jornada: Incremento de la jornada laboral a 12 horas mediante esquemas flexibles y la eliminación de las horas extras a través de la creación del “banco de horas”.
- Modificación del régimen de vacaciones: Mayor flexibilidad para el empleador al otorgarlas. Las vacaciones en el mes de enero podrían otorgarse solo cada 3 años, lo que afecta directamente la organización familiar y los ciclos lectivos.
- Debilitamiento de la negociación colectiva: Menor peso del sindicato al habilitarse convenios por empresa en detrimento de los convenios por rama. Asimismo, se otorga igual valor a los acuerdos individuales sobre los colectivos.
- Restricción del derecho a huelga: Se amplía el listado de servicios considerados “esenciales” para limitar medidas de fuerza. Además, se imponen limitaciones a las asambleas y se desprotege a los delegados gremiales.
- Obstáculos en el acceso a la justicia: Se establecen nuevas instancias procesales que dificultan el reclamo del trabajador y se extienden los plazos para lograr resoluciones judiciales por indemnizaciones o deudas pendientes.
